Medio Oriente a cinco años del 11 de septiembre
Wednesday, October 25, 2006

Hace cinco años, los ataques terroristas a EE.UU., dieron origen a una estrategia antiterrorista global cuyas acciones más visibles fueron las invasiones de Afganistán y de Irak. Hoy esa estrategia no solo está desprestigiada, sino que su implementación en Medio Oriente ha tenido resultados no esperados por el gobierno estadounidense.

A cinco años del 11 de septiembre del 2001 dos hechos han sorprendido notablemente a la opinión pública mundial. El primero de ellos se refiere a la pérdida del apoyo público global y descrédito que ha sufrido la estrategia antiterrorista formulada por el presidente Bush. Gran parte del deterioro moral de dicha estrategia proviene de los atentados flagrantes contra los derechos humanos y de la miseria moral con que Estados Unidos ha enfrentado la ocupación de Irak: tortura, denigración sistemática de las víctimas, maltrato a los prisioneros de guerra, ejecuciones sumarias y crímenes contra familiares directos de quienes se considera enemigos de facto o potenciales.
Hoy ya no existen dudas de que la guerra contra Irak fue montada a partir de una utilización abusiva de la estrategia antiterrorista, que supuso la falsificación de lo hechos a partir de los cuales se acusó al régimen de Saddam Hussein de estar directamente vinculado con Al Qaeda y/o poseer armas de destrucción masiva. Y con esto no se trata de disminuir la magnitud del peligro eminente del terrorismo global que emerge del recuerdo de las víctimas de Nairobi, Dar es Salam, New York, Washington, Casablanca, Madrid, Londres, Bali, Beslan y Bombay y que han sido asesinadas con técnicas y estilos apocalípticos .
La estrategia implementada por el gobierno de Bush después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , se basaba en el convencimiento de que se había acá un conflicto de largo alcance para cuya resolución eran necesarias medidas económicas, militares, diplomáticas y sociales globales. Ello exigía de los Estados en el sistema mundial una reacción coherente y homogénea ante un nuevo fenómeno de agresión de actores globales no estatales, como los representados por el integrismo islámico. Era además necesario combatir y sancionar drásticamente a los Estados que en su territorio ampararan o protegieran actividades de grupos terroristas. Parecía imprescindible, además, combatir todo peligro inmediato de terrorismo global estimulado por un Estado como el de Afganistán bajo el régimen Talibán o de cualquier forma de ‘Guerra Santa’.
En gran medida por la amplitud de la formulación de esta estrategia, existió desde sus inicios un consenso tácito e incluso Naciones Unidas y su secretario general Kofi Annan hicieron esfuerzos por ajustar estos principios al derecho internacional. Fue precisamente la guerra de Irak la que llevó la estrategia norteamericana al descrédito internacional dado que esa guerra demostró que no se trataba de un combate contra todo peligro inmediato de terrorismo, sino de una estrategia de guerra preventiva de largo alcance y que, en muchos casos, estaba destinada a eliminar regímenes que no eran considerados adeptos de la política internacional de Estados Unidos, como los incluidos en el llamado ‘eje del mal’.
El segundo hecho que en este dramático quinto aniversario ha paralizado a la opinión pública mundial, fue el reconocimiento público por parte del presidente Bush de un secreto a voces: la existencia de cárceles clandestinas globales, no sujetas a ninguna forma de derecho internacional o de guerra, donde se depositan de manera anónima prisioneros fantasmas . En su intervención del 6 de septiembre pasado el presidente de EE.UU. confesó que entre los detenidos en las cárceles secretas fuera de territorio norteamericano se encuentran los arquitectos del 11 de septiembre. Con ello Bush respondía a las exigencias formuladas por la Corte Suprema de Justicia que había establecido, en junio pasado, el derecho de los detenidos por sospechas de participar en actos terrorista a ser juzgados en un proceso judicial público. El presidente, además, está obligado a obtener autorización del Congreso para establecer dichos tribunales y espera que sea el propio Congreso el que legisle detalladamente sobre las técnicas de interrogatorio que la CIA puede aplicar a sus prisioneros. También espera el presidente que el Congreso estadounidense ponga las regulaciones jurídicas necesarias para impedir que los prisioneros implementen acciones judiciales posteriores contra sus interrogadores por violación de las reglas establecidas por el ‘derecho de guerra’. El problema principal consiste en que el derecho de guerra determina que los prisioneros de guerra deben ser procesados al término del conflicto, que en el caso de la ‘guerra contra el terrorismo internacional’ es difuso e imposible de fijar jurídicamente. Los tribunales que el presidente Bush desea establecer se diferencian sustancialmente de los tribunales militares, pues los detenidos no tienen el derecho a estar necesariamente presentes en los procesos que se siguen contra ellos y se les puede negar el acceso a la información en la que se fundamentan las acusaciones bajo el argumento de que se trata de información secreta. La gran esperanza del presidente Bush es que el Congreso legalice la totalidad de las acciones ilegales que se han materializado en la lucha contra el terrorismo global.

Ganadores y perdedores en Medio Oriente

Inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001 el presidente Khatami de Irán condenó los atentados de New York y Washington y miles de ciudadanos en diversas ciudades iraníes encendieron velas como muestra de solidaridad con las víctimas. Sin embargo, seis días después los sectores más conservadores bajo el liderazgo del ayatolá Ali Khamenei volvieron al discurso anti-norteamericano, indicando que tanto Israel como Estados Unidos formaban el eje central del terrorismo de Estado, del cual eran víctimas no sólo Irán sino la casi totalidad de la región.
Hoy, cinco años después de los apocalípticos sucesos, se afianza el convencimiento de que Irán ha sido el mayor beneficiario de la política contra el terrorismo en el Medio Oriente Medio implementada por el presidente Bush. La eliminación por parte de Estados Unidos de los regímenes Talibán en Afganistán en el 2001 y de Saddam Hussein en Irán en el 2003, liberó a Irán de dos enemigos que frente al mundo islámico erosionaban su capacidad de influencia: los ultraconservadores sunitas del régimen Talibán y Hussein que representaba el modelo de un estado autoritario laico y no confesional. El deterioro de las relaciones de Irán con Afganistán se vincula al asesinato en 1998 por parte del Talibán de diez diplomáticos iraníes. Con respecto a Irak se remonta a 1980 cuando Saddam Hussein, aprovechando la inestabilidad del nuevo régimen integrista de los ayatolas iraníes, ocupó militarmente Irán dando origen a una guerra que se prolongó por ocho años y que costó la vida a cientos de miles de víctimas. El desaparecimiento de ambos regímenes ha conducido, durante los últimos cinco años, a un crecimiento, espectacular de la capacidad de influencia de Irán como ha quedado demostrado no solo respecto del conflicto internacional generado por su programa nuclear, sino también por su apoyo decisivo a Hezbolá en la reciente guerra del Líbano. En Egipto incluso, la popular Hermandad Musulmana de origen sunita manifestó su euforia por lo que se considera una victoria militar de Hezbolá sobre Israel. Muchos analistas internacionales estiman que el resultado más directo tanto de la guerra en Irak como la del Líbano, es el fortalecimiento tanto de Irán en cuanto potencia regional decisiva en la confrontación con EE.UU. e Israel, como del integrismo islámico de origen chiita.
En Irak, después del desaparecimiento del régimen de Saddam Hussein, participan en el actual gobierno de manera dominante chiitas claramente más propensos al integrismo islámico que a la democracia secular pregonada por el presidente Bush, muchos de los cuales durante el régimen de Hussein vivieron largos años de exilio político en la República Islámica de Irán.
Por otro lado, la victoria militar sobre Israel proclamada por Hezbolá ha fortalecido a los sectores más radicales de mundo islámico en los países árabes y ha permitido a Bashar al-Assad en Siria salir del aislamiento político a que había sido sometido como resultado de la participación de su gobierno en el asesinato del ex-primer ministro libanés Rafik Hariri en el Líbano.
Los grandes derrotados políticos en la región son los grupos seculares y no confesionales que aspiran a sustituir los regímenes corruptos y autocráticos del mundo árabe. Entre los perdedores también se encuentran los aliados de EE.UU. que han servido de barrera de contención contra el integrismo islámico: el presidente Mubarak en Egipto, el rey Abdalla de Jordania y el rey Abdulla de Arabia Saudita. Todos ellos dependen del aprovisionamiento militar y del apoyo económico de EE.UU. a cambio de lo cual deben padecer un proceso acelerado de erosión y desprestigio político como resultado de la política norteamericana en Irak, Palestina y el Líbano. El propio rey Abdalla en una entrevista reciente en la BBC, en reacción a la sugerencia de Condoleezza Rice sobre un ‘Nuevo Medio Oriente’, ha señalado que si considera lo que ocurre en Gaza, Líbano y Somalia es difícil mantener un optimismo político. Este distanciamiento público de la política norteamericana está destinado a neutralizar los efectos erosivos de su alianza con EE.UU.
Al inicio de la guerra entre Israel y Hezbolá, Mubarak, Abdulla y Abdalla formularon un juicio de moderado distanciamiento al condenar simultáneamente a Israel (agresión desproporcionada) y a Hezbolá (aventurerismo político militar). En tanto se consideran a sí mismos como representantes del mundo sunita, estiman que Hezbolá representa la quinta columna del chiismo iraní que alimenta la oposición del integrismo islámico en sus respectivos países.
En conclusión, la estrategia norteamericana después del 11 de septiembre del 2001 ha tenido resultados inesperados e indeseables, que han alterado la correlación de fuerzas en el mundo islámico en favor de los chiitas en el Oriente Medio.

Reconstrucción del Líbano y ayuda a Palestina

Hoy no existen dudas de que tanto la transformación del ‘problema palestino’ en una cuestión de terrorismo internacional después de victoria electoral de Hamas en enero del 2006, como la guerra preventiva de Israel contra Hezbolá en el Líbano han creado una de las situaciones políticas de mayor inestabilidad en el Medio Oriente. En este contexto la reconstrucción del Líbano se ha transformado en un conflicto ideológico entre Hezbolá y los que aportan la ayuda financiera de la comunidad internacional.
Sobre las ruinas del sector sur del Líbano Hezbolá inició de manera inmediata una ofensiva ideológica y política destinada a capitalizar a su favor lo que ha considerado como su victoria militar absoluta sobre Israel. Para ello en los escombros de la gran mayoría de la apocalíptica destrucción cuelgan carteles con el eslogan ‘Made in USA’. Dicha campaña esta destinada también contra lo que designa como la política ‘anti-siria’ y pro-americana del gobierno libanés. Con ello, este movimiento fundamentalista chiita busca favorecer su propia sobrevivencia como movimiento de resistencia armada y organización política que comparte de manera dual el poder del Estado libanés. Esta sobrevivencia se ve amenazada por la reiterada exigencia de su desarme forzado y de la restauración del poder central del Estado. En el año 2004 con la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), se exigió no sólo la retirada de las tropas sirias del Líbano sino además el desarme del propio Hezbolá. Como resultado de su participación en el asesinato de Hariri, Siria debió abandonar militarmente el Líbano y aceptar en las elecciones del 2005 el triunfo electoral del Movimiento 14 de Marzo, cuyo gobierno encabeza el primer ministro Fuad Siniora, que debió asumir la dificultosa y parcial implementación de la resolución 1559.
En declaraciones recientes, Mohamoud Komati, el segundo hombre del departamento político de Hezbolá, ha condenado el Movimiento 14 de Marzo como una organización pro-norteamericana que favorece la política de Israel en la región. De momento, la principal batalla entre Hezbolá y el gobierno libanés se ubica en el terreno del prestigio y la popularidad que puede generar el financiamiento de la reconstrucción entre la población civil. Entre los líderes políticos de Europa y Estados Unidos también existe el convencimiento de que solo el financiamiento generoso de la reconstrucción puede ser un instrumento efectivo para neutralizar y/o reducir la popularidad de Hezbolá entre la población civil.
Para muchos chiitas moderados, sunitas, cristianos y drusos con el rapto de dos soldados israelíes, el 12 de julio pasado, Hezbolá provocó de facto un golpe de Estado, transformándose en el centro de las decisiones políticas y militares del Líbano. El gobierno libanés, por su parte, que rechazaba toda forma de confrontación con Israel y que se muestra mucho más interesado en la búsqueda de inversiones internacionales destinadas a lograr una estabilidad económica mínima, debe apoyarse hoy en las gestiones resultantes del CSNU como única alternativa para lograr una posible restauración del poder central del Estado. La debilidad de este no sólo proviene de la transformación de Hezbolá en un Estado dentro del propio Estado, sino también por la corrupción, el sectarismo y la incapacidad política de sunitas, drusos y cristianos que impiden hasta hoy la formulación de consensos nacionales amplios y estables. Hezbolá cuenta con el apoyo financiero de Irán para implementar su propia política de reconstrucción y ‘comprar’ con ello la lealtad de la población civil, profitando de la radicalización política y de la neutralización de los políticos moderados provocada por la guerra.
En la Conferencia para la Reconstrucción del Líbano organizada por Naciones Unidas y el gobierno sueco, de finales de agosto e inicios de septiembre, el primer ministro libanés Fuad Siniora formuló un dramático llamado en favor del financiamiento de la reconstrucción. Los costos daños directos resultantes de los bombardeos israelíes alcanzarían a miles de millones de dólares y los indirectos referidos a la paralización del sector turístico y de la producción industrial tendrían costos equivalentes. Los daños totales habrían destruido 15 años de inversión en reconstrucción del Líbano ejecutados después del término de la guerra civil (1975-1990). Para el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Jan Eliasen, la ayuda a la reconstrucción conducirá al fortalecimiento del gobierno central y del Estado del cual Hezbolá representa una muy pequeña fracción.
Si se considera que la Conferencia para la Reconstrucción otorgará recursos por un total de 735 millones de euros, se puede estimar que las gestiones de Fuad Siniora fueron relativamente exitosas, resultado del convencimiento de que había que limitar los efectos proselitistas que Hezbolá asignaba a la reconstrucción a partir de la ayuda financiera de Irán. Paralelamente y bajo la convicción de que la causa fundamental de la inestabilidad del Oriente Medio está representada por el problema palestino, la misma Conferencia acordó otorgar 390 millones de euros de ayuda a la población palestina. Ello constituye un gesto material y humanitario que fundamenta la decisión política de la Unión Europea para restablecer el diálogo político y las negociaciones entre la Autoridad Palestina e Israel.
La Comisión Europea inició el 1º de septiembre pasado la cancelación de subvenciones sociales equivalentes a 270 euros para las personas en extrema pobreza de los territorios palestinos. Para ello se utilizó el llamado Mecanismo Internacional Temporal (TIM), que fue implementado en junio pasado como resultado de los acuerdos entre el llamado ‘cuarteto del Medio Oriente’ (Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas) y el Consejo Europeo, y que beneficiaría a un total de 625 mil palestinos. Este mecanismo ha sido considerado esencial para satisfacer demandas estratégicas de la población civil.

Alex Fernández

posted by Tadeo Infante @ 2:29 PM, ,


La lección de Ratisbona
Saturday, October 21, 2006

Revista Mensaje

Muchos creyentes musulmanes se sintieron ofendidos por un texto citado por el papa Benedicto XVI en la conferencia que ofreció en la Universidad de Ratisbona, durante su visita a Baviera el mes pasado. Se trataba de una cita de uno de los últimos emperadores de Bizancio, Manuel II Paleólogo, de fines del siglo XIV. En ella, el emperador decía —entre otras cosas— a su interlocutor, un erudito persa: “Muéstrame aquello que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas, como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba”. El contexto era una conversación en torno a la ‘yihad’ o ‘esfuerzo para defender el Islam’ incluso con la guerra. Sin duda se trata de una referencia muy fuerte. De hecho las repercusiones que tuvo su conferencia fueron tales que llevaron al Papa a dar explicaciones en tres ocasiones y posteriormente a convocar a los embajadores de países musulmanes y otras autoridades religiosas para expresar su férrea voluntad de diálogo y colaboración con el Islam.



No sabemos si los creyentes musulmanes que protestaron por esa alusión a Mahoma leyeron el texto completo de la conferencia del Papa, o si conocieron el contexto en el que la cita se enmarcaba. El carácter emotivo y militante de sus protestas —y algunas amenazas— llevan a pensar que se centraron en esa publicitada cita sin conocer por completo la conferencia del Papa.

Al leer lo que el Pontífice dijo se entiende que lo esencial de su discurso está en la explicación de esta afirmación: “no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios” que también es de Manuel II Paleólogo. El mismo Papa justifica dicha afirmación al decir que Dios no goza ni se complace con la sangre de nadie, que la fe es fruto del libre asentimiento, no del cuerpo, sino del alma. Y que Dios no quiere la violencia ni que su mensaje se predique con ella. Es decir, la voluntad de Dios está más ligada a la fuerza de la racionalidad —al logos— que al poder.



Religión y violencia



Sabemos que el uso y el abuso del poder y de la violencia han estado presentes en la historia del cristianismo y de otras religiones. A lo largo de los siglos, las guerras de religión han sido acontecimientos históricos altamente sangrientos donde el poder y la coacción se han ejercido en nombre de Dios. En particular, en el catolicismo, las cruzadas, la Inquisición, la guerra de los treinta años, la conquista de América, son algunos ejemplos donde la cruz se confundió con la espada.

Pero en Ratisbona el papa Benedicto no quería reflexionar sobre la historia, sino motivar e iluminar al mundo académico sobre el presente de Alemania, de Occidente y del mundo en el que vivimos. Hoy tanto la Iglesia como una gran parte de la humanidad no aceptan la violencia como medio legítimo para alcanzar sus fines. Por eso, un discurso que afirma en forma tan clara y radical que el uso de la violencia en nombre de Dios es contrario a la razón y, por tanto, contrario a la naturaleza misma de Dios, debe ser incómodo para todos los fundamentalistas contemporáneos, sean cristianos, judíos o islámicos.

El Papa, convencido de que la naturaleza misma de Dios no es extraña a la de la razón, ha invitado a todas las personas de buena voluntad a encontrarse en torno a lo más razonable, a acercarse un poco más al único Dios vivo y verdadero: Aquel que no se deja instrumentalizar por la violencia ni por las ambiciones de poder.

La cita de Manuel II Paleólogo en la conferencia de Ratisbona es una pequeña parte —para algunos innecesaria— de una cadena de argumentos que llevan a la tesis central del Papa sobre la estrecha relación entre razón y fe. Sin el correcto equilibrio entre ambas, dijo el Pontífice, la humanidad está condenada al fanatismo político y religioso. En el cristianismo, Dios es inseparable de la razón. Debemos rechazar tanto la irracionalidad de la violencia motivada por la religión como la que brota del reduccionismo de la razón instrumental o relativista.



Fe y razón



El papa Benedicto XVI afirmó que el cristianismo puede ser razonable a los ojos del hombre de hoy y que la fe es algo razonable. Para el Santo Padre, aclarar la relación del cristianismo con la razón es importante ante todo para poder evangelizar de nuevo Occidente —en especial Europa—, pero lo es también para una relación de diálogo, de recíproco respeto y de tolerancia con todas las religiones.

Desde Chile no es fácil interpretar para nuestra realidad la lección universitaria de Ratisbona, rica, compleja y dirigida a académicos. Nos queda claro que el Santo Padre entra en polémica con la auto-reducción positivista de la razón occidental que considera verdadero sólo lo matemático o experimental. En dicha lección, el Papa ha descrito este tipo de racionalidad, denunciando sus límites. La razón positivista occidental circunscribe nuestra relación con la realidad y es incapaz de abrirse a la racionalidad de la fe, que implica un impulso metafísico. El Papa llamó a ampliar nuestro concepto de razón. De esta manera, Benedicto XVI criticó la arrogancia de una razón occidental reducida a la técnica. Esa razón occidental reductora conlleva violencia en su raíz al encerrar al hombre en sí mismo. Una razón sorda a lo divino, que quisiera relegar la religión al ámbito privado y que es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas. Contamos, nos dice el Papa, con los argumentos persuasivos de una razón que encuentra la verdad de su expresión en la relación con la fe en Dios.

No podemos olvidar que el Santo Padre inauguró su pontificado con la encíclica Deus caritas est donde, en forma muy diáfana y bella, nos quiso transmitir que lo central de nuestra fe está en que Dios es amor. Es más, lo ha reiterado de distintas maneras en múltiples ocasiones. La lección académica de Ratisbona tenía un objetivo más acotado. Nos ha hecho pensar. Ha sido un discurso que nos desafía de una manera inteligente, profunda y valiente a dar razón de nuestra fe. Ha cuestionado la imposición de creencias a través del poder, el uso irracional de la fuerza y los fundamentalismos religiosos que legitiman acciones violentas que atentan contra los derechos humanos. Su discurso, que rompe todo vínculo entre Dios y la violencia, nos exige denunciar la aplicación de esta última dentro y fuera de la Iglesia. En definitiva, critica la falta de caridad y misericordia sea en el catolicismo, sea en otras expresiones del cristianismo y más allá de él.

posted by Tadeo Infante @ 7:33 AM, ,


Grupos de interés “en defensa” de la clase media
Sunday, October 01, 2006

No son pocos los grupos y sectores que gozan de privilegios a costa de la mayoría, y que eventualmente defienden pretextando beneficiar a la clase media. Eliminar esos privilegios haría más competitiva la economía y permitiría avanzar en la igualdad de oportunidades.

La decisión de no hacer el puente sobre el Canal de Chacao ha generado un gran debate público que tiene muchas aristas. Sin embargo, hay una que llama particularmente la atención y que creo debiera ser discutida en mayor profundidad, no por el puente sino por sus implicancias para el diseño de políticas públicas que mejoren el bienestar de la sociedad. Me refiero a la fuerte defensa que hizo a favor de la construcción del puente el consorcio de empresas concesionarias, utilizando como principal argumento el bienestar social de los chilotes.
El objetivo principal de una empresa es maximizar utilidades, ello es motor de crecimiento económico y permite una asignación eficiente de los recursos en la economía. Por ello es que llama la atención ver a un grupo de empresas privadas tan preocupadas de defender a los más pobres y hacer política social con sus inversiones. ¿Estaremos frente a un exceso de responsabilidad social empresarial? Lo más probable es que no.
Este tipo de conductas no es privilegio de las empresas, sino de muchos grupos de interés en distintos ámbitos. La historia de nuestro país está llena de políticas públicas y proyectos que se han implementado producto de la presión de algunos grupos particulares, muchos de los cuales siguen gozando de privilegios inmerecidos, pero tengo la impresión de que el último tiempo se ha utilizado en exceso la defensa de la clase media y los pobres para oponerse a políticas públicas que sin duda mejorarían el bienestar de la mayoría de los chilenos.

Algunos grupos y sectores privilegiados

La lista es larga, pero quisiera revisar algunos ejemplos relevantes para mostrar la amplia gama de grupos y sectores de la economía en donde todavía hay un gran espacio para eliminar privilegios y generar más competencia y oportunidades.
Comencemos por algunos casos históricos y un poco más conocidos. Las bandas de precios para el trigo y el azúcar han sido defendidas por muchos años por la Sociedad Nacional de Agricultura argumentando que protegen a los pequeños agricultores y que tendría graves efectos sociales eliminarlas. Sin embargo, la evidencia es que favorecen a unos pocos agricultores que no son precisamente los más pobres de este país mientras el resto de los chilenos comemos pan y azúcar más caros. En el caso particular del azúcar, entre 1986 y 2003 los consumidores pagamos un sobreprecio que sumó US$523 millones, de los cuales 44% los recibió Iansa y 24% los productores remolacheros (70% lo recibieron productores que poseen más de 20 hectáreas, los que probablemente están sobre la línea de pobreza).
Históricamente también, las regiones extremas han conseguido beneficios tributarios y subsidios que supuestamente aumentan el empleo y la inversión en estos lugares lejanos donde nuestros compatriotas están “haciendo patria”. Dichos beneficios partieron solo con zonas francas y tenían fecha de expiración, pero se han renovado e incluso aumentado en los últimos 10 años, abarcando ahora mayores zonas geográficas que antes y llegando a un costo de casi US$100 millones en 2005. Todo esto, a pesar de que la evidencia empírica internacional han mostrado sistemáticamente que este tipo de políticas no tienen efecto alguno en la inversión o en el empleo, pero sí generan aumentos en el contrabando y en las empresas de papel y aumentan los costos de fiscalización y administración del sistema tributario. Adicionalmente, hay evidencia para Estados Unidos de que estos regímenes especiales no se ubican precisamente en zonas de mayor desempleo o pobreza sino que de acuerdo a lobby y grupos de presión. ¿Será muy distinto en Chile?
A principios de este año, escuchamos a parlamentarios y a representantes del gremio de la construcción criticar el alza en las contribuciones porque “afecta a la clase media”. Incluso se mencionó que cerca de mil personas no podrían acceder al sueño de la casa propia. La realidad, sin embargo, es que el 65,4% de las propiedades no agrícolas en Chile están exentas del impuesto, a un 9,35% les bajó el pago y a un 26,4% les aumentó. De las propiedades que ahora pagan más impuestos, un 36,5% es habitacional, por lo que el impuesto afectó mayoritariamente a propiedades comerciales. Si miramos sólo las propiedades habitacionales podemos ver que el 1,4% de las viviendas de mayor valor generan el 78% de la recaudación. Las cifras muestran entonces que los afectados no son precisamente los de clase media, sino que los que tienen propiedades comerciales y los dueños de las propiedades más caras de nuestro país.
En las últimas semanas hemos sido además testigos de la oposición de la Cámara Chilena de la Construcción a eliminar la exención parcial de IVA que gozan las constructoras (sus asociados), utilizando como principal argumento el que aumentarían los precios de las viviendas lo cual “perjudicaría a la clase media”. Sin embargo, los números muestran que esta franquicia cuesta 340 millones de dólares al año, de los cuales un 19,4% beneficia a compradores de viviendas sociales y un 45,9% a compradores de viviendas de alto estándar destinadas a ingresos altos. Si se elimina la exención al IVA y se traspasan esos recursos al Ministerio de Vivienda, se podría aumentar el presupuesto para viviendas sociales en un 76%. Eliminar la exención y destinar los recursos a subsidios habitacionales es una medida que permitiría entonces mejorar fuertemente el acceso a la vivienda de quienes más lo necesitan.

Suma y sigue…

En el ámbito tributario, también hemos visto este año una presión importante, tanto de parlamentarios como de la Asociación de Distribuidores de Combustibles y asociaciones de automovilistas (que incluso organizaron un “tacotón”), para bajar el impuesto a las gasolinas porque “afecta fuertemente a la clase media”. Nuevamente, los números están lejos de confirmar el argumento. En Chile hay 144 automóviles por cada mil habitantes, pero la distribución no es homogénea y los autos se concentran en las comunas con más altos ingresos. Dentro de la Región Metropolitana, por ejemplo, en Vitacura hay 428 vehículos por cada mil personas y sólo 51 por cada mil en La Pintana. Si además miramos los viajes en la ciudad, un 36,7% se hacen caminando, 2,75% en Metro y 1,9% en bicicleta. Ninguno de esos viajeros paga impuesto a los combustibles. Un 25,9% lo hace en bus, por lo que paga indirectamente impuesto al diesel que es más barato que el de las gasolinas. Finalmente, un 23% viaja en automóvil y esos viajeros son los que pagan el impuesto, es decir, mayoritariamente los de ingresos más altos (donde se ubican los mismos parlamentarios que protestaban contra el impuesto).
Tal como era de esperarse, no sólo los automovilistas reclamaron contra los impuestos a los combustibles. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile convocó a una movilización nacional producto de los “graves problemas” que enfrentan y con el objeto de “mantener su condición de pequeños empresarios que cumplen un rol insustituible en la actividad económica”. Para ello pedían que se rebajara el impuesto al diesel y se derogara el decreto que impide el ingreso de los camiones más viejos —que son los que más contaminan y más congestión generan— al interior del anillo Américo Vespucio. Al respecto es importante señalar que los impuestos a los combustibles son impuestos óptimos que permiten reducir la contaminación y la congestión y que producto de presiones gremiales el impuesto al diesel es tres veces más bajo que el impuesto a las gasolinas, a pesar de que el diesel contamina más.
A partir del mero anuncio de reforma, hemos visto también como la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile se opone a cambios que reduzcan su privilegio de tener un monopolio legal vitalicio, el cual tampoco parece obtenerse mediante un proceso competitivo y transparente. Para ello, argumentan que se pondría en riesgo “la fe pública”. ¿No existe otra forma de garantizar la fe pública que no sea con aranceles altos, lentitud en los trámites, falta de tecnología y poca transparencia en nombrar a quien garantiza la misma fe pública?

También en previsión y salud y… los prácticos

En el ámbito de la previsión, una de las propuestas importantes de la Comisión Marcel, en términos de generar más competencia en el mercado de los fondos de pensiones fue la de permitir la entrada de nuevos competidores y licitar paquetes de afiliados para que las AFP compitan por captarlos. Sin embargo, la Asociación de AFP se opone a estas medidas. La razón principal para oponerse a la licitación de paquetes de afiliados es que “entregaría una señal equivocada a los trabajadores, al obligarlos a afiliarse a la AFP más barata, que podría ser menos rentable”. Sin embargo, los datos muestran que una mayor competencia bajaría las comisiones cobradas lo suficiente como para que las pensiones aumentaran un 8%.
El área de la salud también está en la lista. Como todos sabemos, los oftalmólogos controlan el número de becas de oftalmología que se asignan anualmente, limitando así la oferta de oftalmólogos en el país. La Sociedad Chilena de Oftalmología dice que no es así, pero se opone fuertemente a que los optometristas puedan recetar lentes ópticos ya que eso “sería un riesgo para la salud porque la gente iría menos al oculista y no se detectarían enfermedades a tiempo”. Los hechos son que en Chile hay 0,45 oftalmólogos por cada 10.000 habitantes, mientras que en países como España hay 3,9 por cada 10.000 habitantes, y la escasez de especialistas en regiones y en los hospitales públicos es dramática.
Dentro de los grupos de interés con privilegios tampoco están ausentes los empleados públicos y las Fuerzas Armadas. En el caso de los funcionarios públicos, el mejor ejemplo es el estatuto administrativo que garantiza el empleo independiente de lo bien o mal que alguien haga su trabajo. En el caso de las Fuerzas Armadas, conocidos son sus privilegios previsionales y la fuerte oposición a cualquier intento de reforma. Menos conocido es el caso de los prácticos en los puertos, los cuales le son asignados con nombre y apellido a los barcos que entran a un puerto chileno sin que la empresa naviera pueda siquiera elegir qué práctico quiere usar. Dado que no se puede elegir, tampoco se publican los registros respecto al número de accidentes causados por cada práctico en el pasado o el tiempo promedio que se demora en hacer las maniobras. Pero aún hay más, el derecho a ser práctico está limitado en los hechos a los oficiales en retiro de la Armada, quienes se aseguran así una renta monopólica que disfrutar una vez terminada su carrera. Lo razonable es que exista una lista de condiciones para ser práctico y que cualquiera que las cumpla pueda serlo. Eso generaría competencia, bajaría las tarifas que se cobran y las navieras podrían entonces elegir qué práctico usar.
Finalmente, al acercarse fin de año y después de haber capturado la cuota de pescados permitida por ley, vemos nuevamente que los pesqueros exigen cuotas de captura mayores a las permitidas, argumentando el grave impacto que tendría en el desempleo y la pobreza regional el no hacerlo, sin importarles que se deprede la biomasa de peces y las futuras generaciones no tengan acceso al recurso.

Avanzar hacia cambios profundos

La lista es aún más larga y tal vez sería importante tenerla completa para tomar conciencia de su magnitud. Sería aún mejor si lográramos cuantificar el efecto negativo que tienen en nuestra economía todas las excepciones que favorecen a unos pocos a costa de la mayoría, pero probablemente no hay datos para hacerlo. Sin embargo, la dificultad en cuantificar sus efectos no puede ser excusa para no avanzar decididamente en esta materia y hacer cambios profundos, especialmente dado el contexto de reformas microeconómicas que se discuten con el propósito de hacer más competitiva la economía, aumentar el crecimiento y avanzar en la igualdad de oportunidades.
En mi opinión, necesitamos avanzar al menos en dos direcciones. Por un lado, necesitamos generar mayor competencia, por lo que es necesario eliminar todos los privilegios que la reducen. Por otro lado, necesitamos una institucionalidad que dificulte la implementación de políticas públicas que benefician a poderosos grupos de interés a costa de la mayoría de los chilenos. Esto último no es trivial, ya que implica, entre otras cosas, más transparencia y mayor “accountability” en la toma de decisiones de todas nuestras autoridades. Por ejemplo, no sólo la votación de cada parlamentario en cada proyecto de ley debiera ser público y de fácil acceso para los ciudadanos, si no que también debiera serlo una lista de cada uno de los financistas de su campaña. Deberían existir también inhabilidades para participar en la discusión y votar en materias donde hay conflictos de interés.
Avances en este sentido permitirían una mayor fiscalización ciudadana y disminuirían la influencia de grupos de presión que en el nombre de la clase media obtienen privilegios personales. Así, habremos dado un gran primer paso para que los cuidados del sacristán no terminen matando al cura.

Claudio Agostini*

posted by Tadeo Infante @ 9:33 PM, ,