Grupos de interés “en defensa” de la clase media
Sunday, October 01, 2006
No son pocos los grupos y sectores que gozan de privilegios a costa de la mayoría, y que eventualmente defienden pretextando beneficiar a la clase media. Eliminar esos privilegios haría más competitiva la economía y permitiría avanzar en la igualdad de oportunidades.
La decisión de no hacer el puente sobre el Canal de Chacao ha generado un gran debate público que tiene muchas aristas. Sin embargo, hay una que llama particularmente la atención y que creo debiera ser discutida en mayor profundidad, no por el puente sino por sus implicancias para el diseño de políticas públicas que mejoren el bienestar de la sociedad. Me refiero a la fuerte defensa que hizo a favor de la construcción del puente el consorcio de empresas concesionarias, utilizando como principal argumento el bienestar social de los chilotes.
El objetivo principal de una empresa es maximizar utilidades, ello es motor de crecimiento económico y permite una asignación eficiente de los recursos en la economía. Por ello es que llama la atención ver a un grupo de empresas privadas tan preocupadas de defender a los más pobres y hacer política social con sus inversiones. ¿Estaremos frente a un exceso de responsabilidad social empresarial? Lo más probable es que no.
Este tipo de conductas no es privilegio de las empresas, sino de muchos grupos de interés en distintos ámbitos. La historia de nuestro país está llena de políticas públicas y proyectos que se han implementado producto de la presión de algunos grupos particulares, muchos de los cuales siguen gozando de privilegios inmerecidos, pero tengo la impresión de que el último tiempo se ha utilizado en exceso la defensa de la clase media y los pobres para oponerse a políticas públicas que sin duda mejorarían el bienestar de la mayoría de los chilenos.
Algunos grupos y sectores privilegiados
La lista es larga, pero quisiera revisar algunos ejemplos relevantes para mostrar la amplia gama de grupos y sectores de la economía en donde todavía hay un gran espacio para eliminar privilegios y generar más competencia y oportunidades.
Comencemos por algunos casos históricos y un poco más conocidos. Las bandas de precios para el trigo y el azúcar han sido defendidas por muchos años por la Sociedad Nacional de Agricultura argumentando que protegen a los pequeños agricultores y que tendría graves efectos sociales eliminarlas. Sin embargo, la evidencia es que favorecen a unos pocos agricultores que no son precisamente los más pobres de este país mientras el resto de los chilenos comemos pan y azúcar más caros. En el caso particular del azúcar, entre 1986 y 2003 los consumidores pagamos un sobreprecio que sumó US$523 millones, de los cuales 44% los recibió Iansa y 24% los productores remolacheros (70% lo recibieron productores que poseen más de 20 hectáreas, los que probablemente están sobre la línea de pobreza).
Históricamente también, las regiones extremas han conseguido beneficios tributarios y subsidios que supuestamente aumentan el empleo y la inversión en estos lugares lejanos donde nuestros compatriotas están “haciendo patria”. Dichos beneficios partieron solo con zonas francas y tenían fecha de expiración, pero se han renovado e incluso aumentado en los últimos 10 años, abarcando ahora mayores zonas geográficas que antes y llegando a un costo de casi US$100 millones en 2005. Todo esto, a pesar de que la evidencia empírica internacional han mostrado sistemáticamente que este tipo de políticas no tienen efecto alguno en la inversión o en el empleo, pero sí generan aumentos en el contrabando y en las empresas de papel y aumentan los costos de fiscalización y administración del sistema tributario. Adicionalmente, hay evidencia para Estados Unidos de que estos regímenes especiales no se ubican precisamente en zonas de mayor desempleo o pobreza sino que de acuerdo a lobby y grupos de presión. ¿Será muy distinto en Chile?
A principios de este año, escuchamos a parlamentarios y a representantes del gremio de la construcción criticar el alza en las contribuciones porque “afecta a la clase media”. Incluso se mencionó que cerca de mil personas no podrían acceder al sueño de la casa propia. La realidad, sin embargo, es que el 65,4% de las propiedades no agrícolas en Chile están exentas del impuesto, a un 9,35% les bajó el pago y a un 26,4% les aumentó. De las propiedades que ahora pagan más impuestos, un 36,5% es habitacional, por lo que el impuesto afectó mayoritariamente a propiedades comerciales. Si miramos sólo las propiedades habitacionales podemos ver que el 1,4% de las viviendas de mayor valor generan el 78% de la recaudación. Las cifras muestran entonces que los afectados no son precisamente los de clase media, sino que los que tienen propiedades comerciales y los dueños de las propiedades más caras de nuestro país.
En las últimas semanas hemos sido además testigos de la oposición de la Cámara Chilena de la Construcción a eliminar la exención parcial de IVA que gozan las constructoras (sus asociados), utilizando como principal argumento el que aumentarían los precios de las viviendas lo cual “perjudicaría a la clase media”. Sin embargo, los números muestran que esta franquicia cuesta 340 millones de dólares al año, de los cuales un 19,4% beneficia a compradores de viviendas sociales y un 45,9% a compradores de viviendas de alto estándar destinadas a ingresos altos. Si se elimina la exención al IVA y se traspasan esos recursos al Ministerio de Vivienda, se podría aumentar el presupuesto para viviendas sociales en un 76%. Eliminar la exención y destinar los recursos a subsidios habitacionales es una medida que permitiría entonces mejorar fuertemente el acceso a la vivienda de quienes más lo necesitan.
Suma y sigue…
En el ámbito tributario, también hemos visto este año una presión importante, tanto de parlamentarios como de la Asociación de Distribuidores de Combustibles y asociaciones de automovilistas (que incluso organizaron un “tacotón”), para bajar el impuesto a las gasolinas porque “afecta fuertemente a la clase media”. Nuevamente, los números están lejos de confirmar el argumento. En Chile hay 144 automóviles por cada mil habitantes, pero la distribución no es homogénea y los autos se concentran en las comunas con más altos ingresos. Dentro de la Región Metropolitana, por ejemplo, en Vitacura hay 428 vehículos por cada mil personas y sólo 51 por cada mil en La Pintana. Si además miramos los viajes en la ciudad, un 36,7% se hacen caminando, 2,75% en Metro y 1,9% en bicicleta. Ninguno de esos viajeros paga impuesto a los combustibles. Un 25,9% lo hace en bus, por lo que paga indirectamente impuesto al diesel que es más barato que el de las gasolinas. Finalmente, un 23% viaja en automóvil y esos viajeros son los que pagan el impuesto, es decir, mayoritariamente los de ingresos más altos (donde se ubican los mismos parlamentarios que protestaban contra el impuesto).
Tal como era de esperarse, no sólo los automovilistas reclamaron contra los impuestos a los combustibles. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile convocó a una movilización nacional producto de los “graves problemas” que enfrentan y con el objeto de “mantener su condición de pequeños empresarios que cumplen un rol insustituible en la actividad económica”. Para ello pedían que se rebajara el impuesto al diesel y se derogara el decreto que impide el ingreso de los camiones más viejos —que son los que más contaminan y más congestión generan— al interior del anillo Américo Vespucio. Al respecto es importante señalar que los impuestos a los combustibles son impuestos óptimos que permiten reducir la contaminación y la congestión y que producto de presiones gremiales el impuesto al diesel es tres veces más bajo que el impuesto a las gasolinas, a pesar de que el diesel contamina más.
A partir del mero anuncio de reforma, hemos visto también como la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile se opone a cambios que reduzcan su privilegio de tener un monopolio legal vitalicio, el cual tampoco parece obtenerse mediante un proceso competitivo y transparente. Para ello, argumentan que se pondría en riesgo “la fe pública”. ¿No existe otra forma de garantizar la fe pública que no sea con aranceles altos, lentitud en los trámites, falta de tecnología y poca transparencia en nombrar a quien garantiza la misma fe pública?
También en previsión y salud y… los prácticos
En el ámbito de la previsión, una de las propuestas importantes de la Comisión Marcel, en términos de generar más competencia en el mercado de los fondos de pensiones fue la de permitir la entrada de nuevos competidores y licitar paquetes de afiliados para que las AFP compitan por captarlos. Sin embargo, la Asociación de AFP se opone a estas medidas. La razón principal para oponerse a la licitación de paquetes de afiliados es que “entregaría una señal equivocada a los trabajadores, al obligarlos a afiliarse a la AFP más barata, que podría ser menos rentable”. Sin embargo, los datos muestran que una mayor competencia bajaría las comisiones cobradas lo suficiente como para que las pensiones aumentaran un 8%.
El área de la salud también está en la lista. Como todos sabemos, los oftalmólogos controlan el número de becas de oftalmología que se asignan anualmente, limitando así la oferta de oftalmólogos en el país. La Sociedad Chilena de Oftalmología dice que no es así, pero se opone fuertemente a que los optometristas puedan recetar lentes ópticos ya que eso “sería un riesgo para la salud porque la gente iría menos al oculista y no se detectarían enfermedades a tiempo”. Los hechos son que en Chile hay 0,45 oftalmólogos por cada 10.000 habitantes, mientras que en países como España hay 3,9 por cada 10.000 habitantes, y la escasez de especialistas en regiones y en los hospitales públicos es dramática.
Dentro de los grupos de interés con privilegios tampoco están ausentes los empleados públicos y las Fuerzas Armadas. En el caso de los funcionarios públicos, el mejor ejemplo es el estatuto administrativo que garantiza el empleo independiente de lo bien o mal que alguien haga su trabajo. En el caso de las Fuerzas Armadas, conocidos son sus privilegios previsionales y la fuerte oposición a cualquier intento de reforma. Menos conocido es el caso de los prácticos en los puertos, los cuales le son asignados con nombre y apellido a los barcos que entran a un puerto chileno sin que la empresa naviera pueda siquiera elegir qué práctico quiere usar. Dado que no se puede elegir, tampoco se publican los registros respecto al número de accidentes causados por cada práctico en el pasado o el tiempo promedio que se demora en hacer las maniobras. Pero aún hay más, el derecho a ser práctico está limitado en los hechos a los oficiales en retiro de la Armada, quienes se aseguran así una renta monopólica que disfrutar una vez terminada su carrera. Lo razonable es que exista una lista de condiciones para ser práctico y que cualquiera que las cumpla pueda serlo. Eso generaría competencia, bajaría las tarifas que se cobran y las navieras podrían entonces elegir qué práctico usar.
Finalmente, al acercarse fin de año y después de haber capturado la cuota de pescados permitida por ley, vemos nuevamente que los pesqueros exigen cuotas de captura mayores a las permitidas, argumentando el grave impacto que tendría en el desempleo y la pobreza regional el no hacerlo, sin importarles que se deprede la biomasa de peces y las futuras generaciones no tengan acceso al recurso.
Avanzar hacia cambios profundos
La lista es aún más larga y tal vez sería importante tenerla completa para tomar conciencia de su magnitud. Sería aún mejor si lográramos cuantificar el efecto negativo que tienen en nuestra economía todas las excepciones que favorecen a unos pocos a costa de la mayoría, pero probablemente no hay datos para hacerlo. Sin embargo, la dificultad en cuantificar sus efectos no puede ser excusa para no avanzar decididamente en esta materia y hacer cambios profundos, especialmente dado el contexto de reformas microeconómicas que se discuten con el propósito de hacer más competitiva la economía, aumentar el crecimiento y avanzar en la igualdad de oportunidades.
En mi opinión, necesitamos avanzar al menos en dos direcciones. Por un lado, necesitamos generar mayor competencia, por lo que es necesario eliminar todos los privilegios que la reducen. Por otro lado, necesitamos una institucionalidad que dificulte la implementación de políticas públicas que benefician a poderosos grupos de interés a costa de la mayoría de los chilenos. Esto último no es trivial, ya que implica, entre otras cosas, más transparencia y mayor “accountability” en la toma de decisiones de todas nuestras autoridades. Por ejemplo, no sólo la votación de cada parlamentario en cada proyecto de ley debiera ser público y de fácil acceso para los ciudadanos, si no que también debiera serlo una lista de cada uno de los financistas de su campaña. Deberían existir también inhabilidades para participar en la discusión y votar en materias donde hay conflictos de interés.
Avances en este sentido permitirían una mayor fiscalización ciudadana y disminuirían la influencia de grupos de presión que en el nombre de la clase media obtienen privilegios personales. Así, habremos dado un gran primer paso para que los cuidados del sacristán no terminen matando al cura.
Claudio Agostini*
posted by Tadeo Infante @ 9:33 PM,
1 Comments:
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At 2:10 AM,
foton said...
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Totalemente de acuerdo, mayor competitividad en todos los secotres devendria en un menor costo para todos nosotros...los usuarios de los diferentes servicios.
Pero como todo en la vida...cada uno defiende su pedazo..y sera muy dificil romper las barreras lobbystas que crean.
Saludos.
