Reforma a la LOCE: el Proyecto de 1992

El movimiento de los estudiantes secundarios ha postulado dentro de sus demandas de fondo, la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, promulgada en las postrimerías del Gobierno Militar y publicada en el diario oficial del l0 de marzo de l990, el día anterior a la entrega del mando.

La Presidenta de la República Michelle Bachelet en su discurso por televisión del primero de junio anunció el envío de un proyecto de reforma al Parlamento para el mes próximo en el que se consagrará “el derecho de todo ciudadano a una educación de calidad, que no se contrapone con una libertad de enseñanza”.

Ante consultas de prensa, el ex Presidente Ricardo Lagos recordó su preocupación sobre el tema siendo Ministro de Educación del Presidente Patricio Aylwin, lo que se materializó con el envío de una “modificación muy completa de la ley”, introducida en la Cámara de Diputados el 10 de septiembre de l992, la que lleva, además, la firma del entonces Ministro de Defensa Patricio Rojas, por cuanto el proyecto incluía también disposiciones sobre instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas, que posteriormente se desglosaron y dieron lugar a la Ley 19.584 de 1998.

En mi carácter de Subsecretario de Educación de la época me correspondió participar en la gestación del proyecto, que incluyó diversos aportes y un largo proceso de consultas, así como en las explicaciones ante el Congreso, las que se continuaron siendo ya Ministro del ramo Jorge Arrate, sin que llegara a votarse. De alguna forma, este único de esfuerzo de reforma amplia de la LOCE tuvo el carácter de proyecto matriz de otros posteriores que se concretaron en algunos cambios puntuales y leyes específicas.


Desafíos y Debate Actual


Dada la importancia que asignamos como país a la educación para el desarrollo de todas las personas, la igualdad de oportunidades y nuestra inserción y competitividad a nivel internacional, está abierto el desafío de arribar a consensos sobre esta materia, aún considerando que por implicar definiciones básicas sobre el tema surjan diferencias de carácter doctrinario o filosófico.

El académico Juan E. García Huidobro, quien fuera un destacado directivo del Ministerio de Educación en los 90, se ha preguntado en una columna periodística con qué criterio se revisará la LOCE, indicando que a su juicio en Chile “el derecho a la educación está subordinado a la libertad de enseñanza, lo que provoca que se den situaciones impensadas”. José Joaquín Brunner ha señalado que la LOCE tiene un ”déficit de origen” que hace que “goce de poca legitimidad social” y advierte que los cambios legales pueden ser razonables a condición de tener como base un “amplio consenso de política educacional, cosa nada fácil de obtener”.

Senadores de oposición se han adelantado a afirmar que rechazarán los intentos de debilitar la libertad de enseñanza a través de la reforma a esta ley, actitud que no es nueva y que se adelanta no sólo al envío del proyecto sino también a la constitución del Comité Asesor Presidencial anunciado por la Presidenta Bachelet. La Presidenta de la República apuntó, justamente, en la línea de que “se forje una visión consensuada” de éste y otros temas.


El Proyecto LOCE de 1992


¿Qué elementos podemos extraer de la experiencia del proyecto de l992 con miras a esa visión compartida?

El objetivo de la LOCE conforme al artículo l9 número 11 de la Constitución incide en la determinación de requisitos mínimos que deben exigirse en cada uno de los niveles de la educación, las normas objetivas que permitan al Estado velar por el cumplimiento de esos objetivos y los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos de todo nivel.

El proyecto de l992, al igual que la LOCE misma, es mucho más detallado en lo que respecta a la educación superior y sus distintas modalidades y niveles, en lo que tiene carácter sustitutivo. Aborda, también diversas definiciones en el ámbito de la educación general, materia del debate actual y a la que apuntan nuestras observaciones.

En el Mensaje del proyecto, el ex Presidente Aylwin reitera la prioridad de la educación, el objetivo de “alcanzar mayores grados de equidad y calidad” y que “las necesidades de crecimiento de las personas y sus requerimientos de integración social, la afirmación de la democracia, el crecimiento económico y la competitividad del país, son aspectos de importancia estratégica para los propósitos del sector. Una educación de calidad, moderna y con pluralidad de opciones es un factor esencial para el desarrollo de nuestra sociedad”.

Entre las “ideas fundamentales” del proyecto contenidas en el Mensaje, “se precisa la responsabilidad estatal en un régimen de libertad de enseñanza, la cual consiste en otorgar especial protección al ejercicio del derecho a la educación mediante la exigencia de las normas mínimas necesarias que garanticen la seriedad de las instituciones que ofrecen servicios educacionales”.

Consecuente con estos enunciados, el proyecto de ley contiene algunas disposiciones que resultan de interés para el debate actual:

- Se complementa en el artículo tercero de la ley vigente el deber del Estado de “resguardar especialmente la libertad de enseñanza”, con el de contribuir “a un igualitario acceso a todos los niveles de enseñanza…” y “velar porque las instituciones educativas que gocen de reconocimiento oficial cumplan con las regulaciones establecidas en la presente ley”.

- Una disposición nueva señala diversas capacidades que deben lograr los educandos en los niveles parvulario, básico y medio, según el nivel en que se encuentren, en aspectos tales como: la valoración y el respeto a la vida; comprender la realidad en su dimensión personal, social, natural y trascendente; conocer y apreciar nuestro legado histórico-cultural y conocer la realidad nacional e internacional; valorar el trabajo como esfera de realización personal; desarrollar actitudes de protección y cuidado al medio ambiente. Igualmente, promover el desarrollo del espíritu de iniciativa individual y las capacidades de emprender y compartir; capacitarse para una integración activa en la familia y en la sociedad; comprender el modo de convivencia democrática, practicar formas de relación interpersonal basados en el respeto de la dignidad de cada persona y conductas que contribuyan al respeto de los derechos humanos; entre otros. Cabe señalar, que algunos de estos elementos se incorporaron años mas tarde como objetivos transversales, en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la educación básica y media, pero representan un lenguaje que podría ser consensuado a nivel legal.

-Un artículo nuevo definía la educación parvularia considerada “como el primer nivel de la educación nacional”, materia a la que el gobierno actual asigna la alta importancia que se merece , y fue finalmente incorporado a la LOCE una década después, mediante la ley l9.771 del año 2001.

- El proyecto de l992 propuso, dentro de un espíritu de garantía de la fe pública, algunos requisitos adicionales a los que actualmente dispone la LOCE para obtener el reconocimiento oficial: los sostenedores no debían haber sido condenados por crimen o simple delito; la aplicación de las normas mínimas nacionales sobre evaluación y promoción que se contemplaban en el propio proyecto de ley; el cumplimiento de las fechas de inicio y término del año escolar y que los establecimientos subvencionados debía cumplir con los requisitos de la ley de subvenciones.

- Se encargaba al Estado la promoción de oportunidades de educación recurrente para que las personas puedan proseguir estudios a lo largo de su vida laboral, aprovechando la educación recibida y la experiencia adquirida en el trabajo”.

-En el caso de la educación media técnico profesional (EMTP), el proyecto de l992 establecía que “podrá articularse en un conjunto de programas de duración variable, estructurado según criterios de enseñanza modular”, adelantándose a lo que años después pasó a formar parte de la nueva política de formación y capacitación técnica, que incluye a los CFT en la educación superior y calificación de competencias laborales. El proyecto se preocupaba también de la interfase de la EMTP con la educación superior, facultando al Ministerio de Educación para determinar “normas específicas relativas a los requisitos de admisión establecidos por las instituciones de educación superior”, para los egresados de esta modalidad.


Sentido y Contexto de las Reformas a la LOCE


Como se puede observar, a pesar del largo tiempo transcurrido desde el envío del proyecto de reforma de LOCE de l992, hay elementos coincidentes con las inquietudes actuales y también hay materias que se han enfrentado por otras vías, normativas y programas. Esto no es sorpresivo porque ha habido continuidad en las políticas del Ministerio de Educación y avances que son tan evidentes como las tareas que faltan por realizar – subrayadas por el actual conflicto - y que la Presidenta Bachelet y el Ministro Zilic han abordado en los últimos días.

Entre las tareas pendientes, aparece la de concordar en normas que permitan un racional equilibrio y armonía entre dos valores como son la libertad de enseñanza y el derecho a la educación y un adecuado resguardo a la fe pública involucrada en el ofrecimiento de oportunidades educativas. Todo ello en el marco de reconocimiento de la educación como un bien público que interesa a todos y a los sectores público y privado.

Es sugestivo que mientras los entorpecimientos a la libertad de enseñanza dan derecho, según la Constitución, a recurso de protección, no es así en el caso de medidas arbitrarias que afectan el derecho a la educación, lo que está en el transfondo del comentario de García Huidobro e incide en uno de los puntos planteados por la Presidenta Bachelet. Por otra parte, las prevenciones de Senadores de oposición deben transformarse en diálogo constructivo dentro del período de discusión técnica que se abre y, por supuesto, en la discusión parlamentaria.

Aspectos contenidos en el proyecto de 1992 como los relativos a determinados requerimientos para los sostenedores, pueden ser considerados en el debate actual.

En estas materias es posible, aunque complejo, lograr consensos suprapartidistas y que alcancen a los distintos sectores involucrados en la educación si se construyen las confianzas necesarias, con responsabilidades racionales y razonables del Estado , dentro del marco amplio de un orden público educacional.

El proyecto de l992 incluía también, en lo relativo a educación superior, el sistema de acreditación y aseguramiento de calidad que funciona a título experimental desde l999 y que aún no termina de obtener su reconocimiento legal, estando en la fase final de tramitación y aprobación parlamentaria.

Subyace a las demoras en este tipo de proyectos, la desconfianza y temores de que la libertad de enseñanza pueda verse afectada. Una concepción de la subsidiariedad del Estado en educación demasiado pasiva no es compatible con nuestros desafíos actuales como país, como tampoco lo sería una vuelta a la centralización y el estado docente en la forma concebida durante la vigencia de la antigua Constitución de l925. Tratar estos temas de modo abierto y sin posiciones excluyentes es básico si consideramos – como de alguna manera surge de la cita de Brunner - que estas definiciones fundamentales son necesarias, pero que lo que en definitiva va a profundizar la calidad de la educación no son las leyes, sino el esfuerzo en el establecimiento y la sala de clases, facilitado por políticas públicas adecuadas.


Políticas que Faciliten la Calidad


Esto es, políticas que involucren ideas y recursos, propuestas innovadoras y capacidad de gestión, procedimientos simplificados que faciliten la marcha de los establecimientos. Conciencia también de que la calidad de la educación es un concepto multidimensional, centrado en el aprendizaje, que supone y trasciende incluso aquellos elementos fundamentales que mide el SIMCE. Alcanza a la satisfacción de los actores, estudiantes y profesores y la formación de éstos, infraestructura, textos, currículo y ayudas estudiantiles y un ambiente y clima escolar positivo al aprendizaje, entre otros factores que requieren recursos y leyes adecuadas, pero que no se agota en ellos.

También es importante, por ejemplo, formar jóvenes autónomos y críticos como los que hemos visto en estos días.

Frente a la inquietud de los estudiantes por el aprovechamiento óptimo del tiempo adicional que permite la JEC, es posible advertir del estudio que se encargó el año pasado a especialistas de la PUC que los colegios que tienen programas adicionales, tienden a concentrarlos en materias fundamentales como son las que mide el SIMCE, por lo que, finalmente, son muchas las variables vinculadas

En suma, puede haber mas variedad en el uso del tiempo adicional posibilitado por la JEC- la que en sí, y una vez completada, será un logro considerable de la sociedad chilena. Es posible perfeccionar la LOCE en aspectos sustantivos. Con todo, el salto en la calidad- que se viene preparando desde la década pasada con resultados desiguales-, no depende sólo de leyes y normativas adecuadas a la realidad actual, aunque las supone.


La Coyuntura Actual: Aprovechar el Momento


Así, la coyuntura invita a soluciones inmediatas- la agenda corta en la que el gobierno ha dado respuestas concretas- y también a la mirada de fondo , con criterios técnicos y voluntad política.

Si con anterioridad no se han dado las condiciones para una reforma amplia de la LOCE, es posible que ahora se pueda definir una agenda básica y sustantiva a la vez, de cambios necesarios en esa normativa y otros campos.

El movimiento de los estudiantes secundarios ha concitado un interés que va mucho más allá de sus propuestas específicas y ha movilizado a estudiantes y otros sectores atraídos por la entidad, volumen y singularidad del proceso. Esto se explica , entre otros factores, por la centralidad de la educación para todas las personas, familias, empresarios, sociedad civil, la Iglesia y credos religiosos, aunque tengan visiones diferentes.

Un ejemplo: me correspondió participar hace pocos días en un foro de la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar, invitado por un Centro de Alumnos, en el aula mayor de la universidad que estaba llena de estudiantes- y también profesores- con gran efervescencia propia de un movimiento . Los tres panelistas fuimos escuchados con atención, pero las propuestas más aplaudidas en los temas “de fondo”, eran distintas a las que parecen preconizar los líderes nacionales del movimiento secundario. No es excepcional que un movimiento social trascienda a sus gestores.

En definitiva, lo que emerge es que se han instalado temas educacionales en el debate público - con una presencia sorprendente - que deben ser discutidos a fondo, como corresponde en un sector como la educación, tan decisivo y tan sensible en las dimensiones personal y social. El momento es oportuno y hay que aprovecharlo.




Raúl Allard Neumann: académico de la Universidad Católica de Valparaíso y ex subsecretario de Educación

posted by Tadeo Infante @ 3:33 PM,

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