Chile: la equidad educativa es una decisión política
Monday, June 19, 2006
La crisis estudiantil y la forma en la que se la busca resolver alientan esperanzas acerca de que la desigualdad en las aulas empiece a revertirse.
Fue según los medios, el primer conflicto importante que enfrenta el flamante gobierno de Bachelet: más de medio millón de jóvenes salieron a las calles en reclamo de una educación mejor y más igualitaria. Entre las demandas puntuales se pide la gratuidad del transporte público para los estudiantes y la eliminación del arancel en el examen que permite el ingreso a la Universidad. Más allá de los reclamos específicos, conviene atender a la legitimidad de los reclamos generales que hacen visible problemas no menores del sistema educativo chileno.
El sistema educativo chileno tiene características distintas al de nuestro país y a las de otros países de la región. Durante la dictadura se inició un proceso de reforma que llevó a conformar lo que varios autores denominan un "cuasi mercado educativo". La reforma iniciada por el régimen pinochetista buscaba disminuir el tamaño del Estado, lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos y disminuir el poder de negociación de los sindicatos.
Para lograr dichos objetivos se implementaron las siguientes acciones:
Todas las escuelas públicas primarias y secundarias se traspasaron desde el Ministerio de Educación a las municipalidades y/o agentes privados.
Se cambió la forma del financiamiento del sistema educativo subsidiando directamente a la demanda (modelo conocido como "vouchers"). Esto implica que el gobierno entrega a las municipalidades o a las escuelas particulares subvencionadas una determinada cantidad de dinero en función del promedio mensual de asistencia de alumnos para su sostenimiento.
Se promovió desde el Estado la creación de escuelas privadas que serían financiadas también por el gobierno mediante este sistema al igual que las escuelas municipales (públicas), disminuyendo el rol del Estado como proveedor directo del servicio.
Se modificó el esquema laboral docente: la contratación, despido, fijación del salario y demás condiciones laborales docentes pasaron a depender directamente de las municipalidades o las escuelas particulares.
Los gastos "extras" no cubiertos por el gobierno deberían ser financiados por las municipalidades o por los particulares.
Estas políticas no tuvieron como prioridad garantizar a todos los ciudadanos iguales oportunidades educativas. La equidad no suele ser una prioridad para gobiernos no democráticos. Como consecuencia, los sectores de menores recursos quedaron relegados a escuelas de menor calidad.
La instauración del régimen democrático en 1990 se propuso revertir esta situación y tomar iniciativas en pos de una mayor equidad y calidad del sistema educativo, como así también transformar los rasgos autoritarios heredados de la dictadura militar. Si bien la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) no se modificó con el advenimiento de la democracia así como tampoco los mecanismos de financiamiento, el Estado nacional tomó mayor control y protagonismo. Entre los rasgos más importantes en pos de favorecer la equidad se pueden destacar: el importantísimo esfuerzo financiero que hizo el Estado chileno por el cual el gasto en educación pasó de representar un 4% del PBI en 1990 a un 7,6% en el 2002. y los programas educativos dirigidos a las escuelas con mayor vulnerabilidad social y educativa.
Si bien los datos respecto a la mejora de la calidad no son tan alentadores, cabe destacar que la mejora en los indicadores de rendimiento interno general del sistema es notoria. Esto implica, entre otras cosas, que cada año ingresan más chicos al sistema, que permanecen más años y que desertan menos.
Sin embargo, los problemas de desigualdad en la prestación del servicio persisten. Las diferencias entre los sectores de mayores y menores ingresos es muy pronunciada y estas protestas estudiantiles alertan respecto del largo camino que queda por recorrer en pos de la equidad. Algunos datos cuantitativos corroboran esta situación de injusticia educativa: el 72% de los alumnos que abandonan la escolaridad pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos. Si se considera la franja de edad de 20 a 24 años, el 60% de los jóvenes del quintil más pobre de la población abandonó el nivel medio mientras que el 95% del quintil más rico finalizó sus estudios secundarios. En cuanto a la calidad, los alumnos de establecimientos municipales alcanzan en promedio entre 60 y 87 puntos menos en matemática que quienes estudian en establecimientos privados.
La persistencia de cierta normativa y de ciertas prácticas que vienen de épocas dictatoriales (la ley de educación vigente, por ejemplo) son obstáculos para una sociedad que, con un crecimiento económico sostenido, ve en la educación uno de los caminos para mejorar la calidad de vida de todos los sectores y una condición necesaria para el ascenso social.
La crisis y la lucha de los estudiantes secundarios sumadas al crecimiento económico le ofrece hoy a Chile una interesante oportunidad. El modo en que se está resolviendo el conflicto alienta una esperanza. Chile se debe la revisión de los marcos legales de un sistema gestado en épocas de dictadura, que no tenía como eje prioritario la justicia educacional y que no goza de consenso. Se debe la profundización de políticas que permitan terminar con las desigualdades existentes.
Sin embargo, cabe hacer una advertencia para quienes creen que terminando con el modelo de cuasi mercado se termina con la desigualdad. Es posible que estos modelos la obstaculicen e incluso la fomenten si no se dan ciertas condiciones como las que tienen ciertos países europeos. Sin embargo, no nos equivoquemos: un número importante de países, entre ellos el nuestro, muestran que el financiamiento de la oferta no es garantía de mayor equidad.
La equidad implica una decisión política. Requiere que la justicia educacional sea un problema prioritario de la agenda y requiere una regulación acorde. Los modelos de gobierno del sistema juegan integralmente un papel central en la provisión de equidad o inequidad. Los estudiantes nos advierten que equidad no es ni puede ser sinónimo de políticas ad hoc para compensar la desigualdad estructural que genera el propio sistema. Ojalá esta oportunidad implique cambios que nos permitan ver en Chile una sociedad en la que la igualdad de oportunidades deje de ser un sueño y se transforme en realidad.
Fue según los medios, el primer conflicto importante que enfrenta el flamante gobierno de Bachelet: más de medio millón de jóvenes salieron a las calles en reclamo de una educación mejor y más igualitaria. Entre las demandas puntuales se pide la gratuidad del transporte público para los estudiantes y la eliminación del arancel en el examen que permite el ingreso a la Universidad. Más allá de los reclamos específicos, conviene atender a la legitimidad de los reclamos generales que hacen visible problemas no menores del sistema educativo chileno.
El sistema educativo chileno tiene características distintas al de nuestro país y a las de otros países de la región. Durante la dictadura se inició un proceso de reforma que llevó a conformar lo que varios autores denominan un "cuasi mercado educativo". La reforma iniciada por el régimen pinochetista buscaba disminuir el tamaño del Estado, lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos y disminuir el poder de negociación de los sindicatos.
Para lograr dichos objetivos se implementaron las siguientes acciones:
Todas las escuelas públicas primarias y secundarias se traspasaron desde el Ministerio de Educación a las municipalidades y/o agentes privados.
Se cambió la forma del financiamiento del sistema educativo subsidiando directamente a la demanda (modelo conocido como "vouchers"). Esto implica que el gobierno entrega a las municipalidades o a las escuelas particulares subvencionadas una determinada cantidad de dinero en función del promedio mensual de asistencia de alumnos para su sostenimiento.
Se promovió desde el Estado la creación de escuelas privadas que serían financiadas también por el gobierno mediante este sistema al igual que las escuelas municipales (públicas), disminuyendo el rol del Estado como proveedor directo del servicio.
Se modificó el esquema laboral docente: la contratación, despido, fijación del salario y demás condiciones laborales docentes pasaron a depender directamente de las municipalidades o las escuelas particulares.
Los gastos "extras" no cubiertos por el gobierno deberían ser financiados por las municipalidades o por los particulares.
Estas políticas no tuvieron como prioridad garantizar a todos los ciudadanos iguales oportunidades educativas. La equidad no suele ser una prioridad para gobiernos no democráticos. Como consecuencia, los sectores de menores recursos quedaron relegados a escuelas de menor calidad.
La instauración del régimen democrático en 1990 se propuso revertir esta situación y tomar iniciativas en pos de una mayor equidad y calidad del sistema educativo, como así también transformar los rasgos autoritarios heredados de la dictadura militar. Si bien la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) no se modificó con el advenimiento de la democracia así como tampoco los mecanismos de financiamiento, el Estado nacional tomó mayor control y protagonismo. Entre los rasgos más importantes en pos de favorecer la equidad se pueden destacar: el importantísimo esfuerzo financiero que hizo el Estado chileno por el cual el gasto en educación pasó de representar un 4% del PBI en 1990 a un 7,6% en el 2002. y los programas educativos dirigidos a las escuelas con mayor vulnerabilidad social y educativa.
Si bien los datos respecto a la mejora de la calidad no son tan alentadores, cabe destacar que la mejora en los indicadores de rendimiento interno general del sistema es notoria. Esto implica, entre otras cosas, que cada año ingresan más chicos al sistema, que permanecen más años y que desertan menos.
Sin embargo, los problemas de desigualdad en la prestación del servicio persisten. Las diferencias entre los sectores de mayores y menores ingresos es muy pronunciada y estas protestas estudiantiles alertan respecto del largo camino que queda por recorrer en pos de la equidad. Algunos datos cuantitativos corroboran esta situación de injusticia educativa: el 72% de los alumnos que abandonan la escolaridad pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos. Si se considera la franja de edad de 20 a 24 años, el 60% de los jóvenes del quintil más pobre de la población abandonó el nivel medio mientras que el 95% del quintil más rico finalizó sus estudios secundarios. En cuanto a la calidad, los alumnos de establecimientos municipales alcanzan en promedio entre 60 y 87 puntos menos en matemática que quienes estudian en establecimientos privados.
La persistencia de cierta normativa y de ciertas prácticas que vienen de épocas dictatoriales (la ley de educación vigente, por ejemplo) son obstáculos para una sociedad que, con un crecimiento económico sostenido, ve en la educación uno de los caminos para mejorar la calidad de vida de todos los sectores y una condición necesaria para el ascenso social.
La crisis y la lucha de los estudiantes secundarios sumadas al crecimiento económico le ofrece hoy a Chile una interesante oportunidad. El modo en que se está resolviendo el conflicto alienta una esperanza. Chile se debe la revisión de los marcos legales de un sistema gestado en épocas de dictadura, que no tenía como eje prioritario la justicia educacional y que no goza de consenso. Se debe la profundización de políticas que permitan terminar con las desigualdades existentes.
Sin embargo, cabe hacer una advertencia para quienes creen que terminando con el modelo de cuasi mercado se termina con la desigualdad. Es posible que estos modelos la obstaculicen e incluso la fomenten si no se dan ciertas condiciones como las que tienen ciertos países europeos. Sin embargo, no nos equivoquemos: un número importante de países, entre ellos el nuestro, muestran que el financiamiento de la oferta no es garantía de mayor equidad.
La equidad implica una decisión política. Requiere que la justicia educacional sea un problema prioritario de la agenda y requiere una regulación acorde. Los modelos de gobierno del sistema juegan integralmente un papel central en la provisión de equidad o inequidad. Los estudiantes nos advierten que equidad no es ni puede ser sinónimo de políticas ad hoc para compensar la desigualdad estructural que genera el propio sistema. Ojalá esta oportunidad implique cambios que nos permitan ver en Chile una sociedad en la que la igualdad de oportunidades deje de ser un sueño y se transforme en realidad.
posted by Tadeo Infante @ 2:39 AM,
